Vivo en un edificio antiguo que no tiene ascensor, ¿es obligatoria la instalación del ascensor?

Actualmente todos los edificios de obra nueva deben disponer de ascensor y, en general, estar adaptados a las diversas necesidades de movilidad. Sin embargo es muy frecuente encontrar edificios antiguos que no están adaptados a estos requerimientos, y precisamente de ello se deriva para muchas personas la duda de si las comunidades de propietarios están obligadas a la instalación de un ascensor. La respuesta a esta cuestión dependerá de varios factores, que analizamos a continuación.

Con carácter general, en lo que respecta a los elementos comunes del edificio es la comunidad de propietarios la obligada a realizar las obras necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, obligación que se hace extensiva a las obras encaminadas a suprimir barreras arquitectónicas y a mejorar la accesibilidad siempre que tengan la consideración de ajuste razonable.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se considera ajuste razonable la modificación o adaptación necesaria y adecuada del ambiente físico y social a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones con los demás.

La Ley de Propiedad Horizontal se encarga de aclarar, por medio de su artículo 10.1.b), que en cualquier caso tienen la condición de ajustes razonables las obras y actuaciones en materia de accesibilidad universal que sean requeridas por un propietario en cuya vivienda vivan personas con discapacidad, entendiendo como tal aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% por el organismo competente, o mayores de 70 años, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las ayudas públicas o subvenciones, no exceda de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Es decir, bastará que uno de los propietarios con alguna de las cualidades indicadas solicite la instalación del ascensor, sin que sea necesario que la Junta de Propietarios adopte acuerdo alguno por mayoría.

Es importante señalar que aun cuando se supere dicho límite económico de doce mensualidades ordinarias de las cuotas, la Comunidad quedará quedando obligada a ejecutar las obras siempre que el propietario interesado se allane a soportar el sobrecoste de la instalación respecto de dicho límite. Además, esta previsión legal no excluye la posibilidad de que el propietario afectado inste la acción oportuna ante los tribunales y éstos determinen que, pese a superarse el referido límite económico, atendiendo a las circunstancias del caso concreto las obras constituyan un ajuste razonable y, por tanto, vengan obligados todos los propietarios a contribuir al sostenimiento de los trabajos de ejecución de dichas obras.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, la Junta de Propietarios podrá acordar por mayoría la realización de obras de accesibilidad o supresión de barreras, y que todos los propietarios contribuyan a sufragar los gastos derivados de las mismas.

Por último, si bien nos hemos referido en este artículo al concreto supuesto de instalación de ascensores, lo anteriormente expuesto sería válido también para otras obras de accesibilidad, como la instalación de rampas de acceso, la reforma del portero automático y la adecuación de la anchura de la puerta del bloque para permitir el acceso, rotación y salida de sillas de ruedas.