Nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el vencimiento anticipado: así afecta a las ejecuciones hipotecarias en curso.

El 26 de marzo de 2019 el TJUE ha vuelto a pronunciarse, una vez más, al hilo de las cuestiones prejudiciales C-70/17 y C-179/17, sobre las cláusulas de vencimiento anticipado utilizadas por las entidades bancarias españolas en los préstamos hipotecarios, para repetir lo mismo de siempre: que si el juez declara abusiva esta cláusula no puede moderar, matizar o suavizar su contenido, sino que debe limitarse a eliminarla del contrato, y que el juez no puede sustituir la cláusula abusiva por una disposición legal supletoria salvo que el contrato no pueda subsistir en caso de eliminación de la cláusula y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. En este artículo explicaré cómo afecta esta sentencia a las ejecuciones hipotecarias en curso.

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17.

A día de hoy existe en España un aluvión de ejecuciones hipotecarias pendientes de resolución en los Juzgados, muchas de ellas suspendidas y con los afectados en vilo. El motivo de ello son las cláusulas de vencimiento anticipado, presentes en todos los préstamos hipotecarios, que permiten al banco resolver el préstamo y reclamar al deudor el total de la deuda más intereses en caso de que se produzca el impago de una sola cuota. Con la nueva sentencia del TJUE, lo previsible es que los Juzgados españoles reanuden los procedimientos y acuerden archivar las ejecuciones, por los motivos que a continuación voy a comentar. Pese a valorar positivamente la sentencia, he de decir que echo en falta una mayor contundencia del Tribunal, que en este caso parece haberse puesto de perfil y deja espacio a indebidas interpretaciones de los Tribunales españoles.

A riesgo de hacer el artículo más extenso y tedioso de lo que me gustaría, es necesario empezar por poner al lector en antecedentes:

El TJUE resolvió sobre las cláusulas de vencimiento anticipado por primera vez el 14 de marzo de 2.013, sacándole los colores al Estado español. En aquel momento ya dijo que los Jueces españoles deben comprobar, entre otras circunstancias, 1) si la facultad de la entidad bancaria de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual y 2) si esa facultad está prevista para casos de incumplimiento suficientemente graves con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. La conclusión de este razonamiento era clara: una cláusula que permite vencer anticipadamente el préstamo por la falta de pago de una cuota es abusiva. Partiendo de esta argumentación, todas las ejecuciones hipotecarias en que los deudores eran consumidores debieron ser archivadas, sin embargo, desde entonces los Juzgados y Tribunales españoles insisten una y otra vez en formular cuestiones prejudiciales sobre el mismo tema desde ópticas y ángulos diferentes, lo que ha dado la oportunidad al TJUE de dictar sentencia sobre este asunto en multitud de ocasiones adoptando, no obstante, la misma decisión.

En la vorágine de cuestiones prejudiciales acerca del vencimiento anticipado ha tenido mucho que ver nuestro Tribunal Supremo, que en la sentencia 705/2015 de 23 de diciembre, en el marco de una demanda colectiva de cesación y al hilo de las cláusulas de vencimiento anticipado, decidió pronunciarse sobre una cuestión por la que ni siquiera se le había preguntado: si debe o no continuar una ejecución hipotecaria en caso de declararse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. La Ley de Enjuiciamiento Civil, tras una reforma motivada precisamente por la sentencia del TJUE del año 2.013, establece con claridad que el Juez archivará la ejecución hipotecaria cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución, y si hay una estipulación que constituye el fundamento de la ejecución ésa es por antonomasia la de vencimiento anticipado. A pesar de todo, el Tribunal Supremo se preocupó de articular una enrevesada argumentación para tratar de convencernos de que la solución más beneficiosa para el deudor hipotecario es que la ejecución siga adelante, sin la aplicación de la cláusula abusiva, eso sí, y ante esta última matización uno queda perplejo y se pregunta cómo es posible ejecutar una hipoteca por la deuda total vencida, incluyendo capital, intereses ordinarios, intereses de demora y costas, sin resolver antes el contrato de préstamo, que es precisamente a lo que faculta la cláusula de vencimiento anticipado.

Aquella sentencia del Tribunal Supremo trajo consigo un aluvión de resoluciones judiciales que, pese a declarar abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado, ordenaban la continuidad de las ejecuciones. Aunque también hubo Jueces de instancia que formularon cuestiones prejudiciales sobre el vencimiento anticipado y suspendieron los procedimientos, a la espera de que el TJUE volviera a pronunciarse y se encargara de poner en su sitio al Tribunal Supremo (me vais a permitir la expresión), ya que ellos no estaban en condiciones de hacerlo, y esto ha permitido ganar tiempo a miles de familias que de otro modo ya habrían sido desahuciadas.

El 26 de enero de 2.017 el TJUE puso en evidencia otra vez al Estado español, declarando en resumen que, cuando el Juez nacional haya constatado el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato celebrado entre un consumidor y un empresario, la circunstancia de que el empresario haya esperado al impago de 3 cuotas mensuales o más, según establece el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de solicitar la ejecución hipotecaria, en lugar de hacerlo en el momento en que se produjo el impago de la primera cuota adeudada, tal como prevé la cláusula del contrato en cuestión, no exime al Juez nacional de su obligación de declarar abusiva la cláusula con todas las consecuencias que procedan. De esta manera, el TJUE ya estaba anticipando hace 2 años que si la cláusula de vencimiento anticipado se declara abusiva, la ejecución hipotecaria debe archivarse.

Pero el propio Tribunal Supremo no quedó conforme con este planchazo y tuvo el arrojo, entiéndase en este caso la ironía, de formular una cuestión prejudicial mediante Auto de 8 de febrero de 2017 (asunto C-70/17), lo cual ha permitido que el TJUE vuelva a sacarle los colores, aunque resulta significativo que no ha dicho en su sentencia de 26 de marzo de 2.019 nada nuevo o sorprendente. Las preguntas del Tribunal Supremo eran dos:

  • Si los Jueces españoles pueden modificar o conservar parcialmente una cláusula de vencimiento anticipado que se declare abusiva.
  • Si los Jueces españoles pueden, una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado, aplicar supletoriamente una Ley nacional, aunque esto determine la continuación del proceso de ejecución hipotecaria contra el consumidor, por considerar esta solución más favorable para el mismo.

La respuesta del TJUE queda muy lejos de lo que el Tribunal Supremo pretendía y se resume en las siguientes ideas:

  • El sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al empresario, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el empresario sin poder influir en su contenido.
  • Teniendo en cuenta esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada por los Tribunales para apreciar su posible carácter abusivo.
  • En el presente asunto, los propios Jueces que han formulado las cuestiones prejudiciales consideran que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, en la medida que permite a la entidad financiera declarar el vencimiento anticipado del contrato y exigir la devolución total del préstamo en caso de que el deudor deje de pagar una mensualidad.
  • Cuando el Juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor, la Directiva 93/13 prohíbe integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula. Porque si el Juez pudiera modificar el contenido de las cláusulas abusivas, estaría contribuyendo a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los empresarios el hecho de que, pura y simplemente, las cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los empresarios podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el Juez en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos empresarios.
  • El Juez puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición legal supletoria sólo cuando el contrato no pueda subsistir sin la existencia de la cláusula abusiva, esta circunstancia obligue a anular el contrato en su totalidad y el consumidor quede expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales que le supongan una penalización.
  • Corresponde a los Jueces españoles en cada caso valorar, aplicando la Ley española, si el contrato de préstamo puede subsistir o no con la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado.
  • Si los Jueces españoles llegan a la conclusión de que el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, deben eliminar esta cláusula y abstenerse de aplicarla en modo alguno, salvo que el consumidor pida expresamente que continúe la ejecución hipotecaria porque considere que esto le es favorable.

Conclusión: los Jueces españoles deben valorar ahora, en cada una de las ejecuciones hipotecarias en curso, si el deudor hipotecario es un consumidor y si la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, en tal caso si el contrato puede subsistir con la anulación de esta cláusula o por el contrario provocaría la nulidad del contrato en su totalidad. Si la conclusión es que la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no provoca la nulidad del contrato entero, el Juez debe archivar la ejecución hipotecaria, salvo que el deudor le solicite expresamente lo contrario.

En mi opinión, las únicas cláusulas financieras esenciales del contrato de préstamo son el capital, el plazo y el sistema de amortización para devolver el capital, de manera que la nulidad y correspondiente eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no impide que el contrato siga existiendo. De acogerse esta argumentación, el Juez deberá anular la cláusula de vencimiento anticipado y archivar la ejecución hipotecaria. Como resultado de ello, la entidad bancaria no podrá vencer anticipadamente el préstamo y en un procedimiento posterior sólo podrá reclamar las cuotas vencidas, por ejemplo, si nos queda un capital pendiente de 75.000€ a 2% de interés y el deudor ha dejado sin pagar 36 cuotas mensuales, el banco sólo podrá exigir el pago de las 36 cuotas vencidas, pero no el pago de la deuda total de 75.000€ más intereses.

Por último, si bien la nueva Ley Hipotecaria, que entrará en vigor el 16 de junio, permite a las entidades bancarias resolver anticipadamente el contrato de préstamo y solicitar la ejecución de la hipoteca ante un impago de 12 cuotas o 15 cuotas mensuales, según se produzca durante la primera o la segunda mitad del plazo, estas disposiciones de la nueva Ley no se aplicarán retroactivamente cuando la ejecución hipotecaria se haya iniciado con anterioridad a su entrada en vigor. Este hecho tiene importantes consecuencias, pues incluso en el caso de que se haya producido un impago superior a 15 cuotas mensuales, el Juez deberá archivar la ejecución hipotecaria siempre que considere abusiva la cláusula de vencimiento anticipado y considere que su eliminación no provoca la nulidad del contrato en su totalidad.

Espero que el artículo, pese a su extensión y complejidad, te haya resultado interesante. Si es así comparte con tu entorno y, por supuesto, no dudes en comentar cualquier duda o apreciación sobre el tema.

Tengo cláusula suelo en mi hipoteca y firmé un acuerdo con el banco para quitarla: ¿puedo reclamar?

Tras la conocida sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se produjo un aluvión de acuerdos consistentes en reducir o eliminar la cláusula suelo de los contratos de préstamo hipotecario. Aquella sentencia declaró el carácter abusivo y la nulidad de la mayor parte de las cláusulas suelo, pero limitó a mayo de 2013 el derecho de los consumidores a obtener la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, lo cual supuso la ocasión perfecta para que muchas entidades bancarias ofrecieran a sus clientes este tipo de acuerdos a cambio de renunciar a cualquier reclamación futura.  En el artículo de hoy analizamos si la firma de este tipo de acuerdos impide reclamar judicialmente con posterioridad.

Es de sobra conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el 21 de diciembre de 2016 que, en caso de ser declarada abusiva y nula una cláusula suelo, los bancos están obligados a reintegrar a los consumidores todas las cantidades cobradas indebidamente, y que desde entonces el Tribunal Supremo se vio obligado a rectificar su criterio inicial.

Pero la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 no sólo estableció la prohibición de limitar temporalmente la responsabilidad indemnizatoria de los bancos por sus prácticas abusivas, aplicado al caso concreto de las cláusulas suelo. Su fundamentación va mucho más allá y es extrapolable a multitud de supuestos, al referirse al Principio de no vinculación, el cual comporta en general que la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula contractual debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, es decir, como si la misma nunca hubiera existido, de manera que quede totalmente reparado cualquier perjuicio que le hubiera causado.

Precisamente, bajo la anterior argumentación resulta inconcebible que se conceda validez a un acuerdo consistente en la imposición de renuncias a futuras reclamaciones. Pese a todo, la jurisprudencia de los tribunales españoles está dividida con respecto a esta cuestión y actualmente podemos encontrar resoluciones muy dispares en cada provincia, incluso en el seno del Tribunal Supremo, lo que contribuye a generar una grave inseguridad jurídica, una vez más en perjuicio del colectivo de los consumidores y usuarios.

En ese sentido, el propio Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de estudiar en su Sentencia 558/2017 de 16 de octubre un caso de las siguientes características. Un ciudadano realizó un contrato de compra de su vivienda y se subrogó en el préstamo hipotecario que la promotora inmobiliaria mantenía con la entidad bancaria, el contrato incluía una cláusula suelo que le impediría a la postre beneficiarse de las bajadas del Euribor por debajo de dicho suelo, de modo que el cliente reclamó contra el banco en cuanto empezó a padecer los indeseables efectos de la cláusula, solicitando su eliminación o, al menos, su reducción, de modo que quedase equiparada al suelo estipulado en los préstamos que tenían con la misma entidad el resto de vecinos de esa promoción. El banco accedió a reducir la cláusula de este cliente y por ello se discutía, en el procedimiento judicial que éste inicio posteriormente, si un acuerdo de novación puede convalidar una cláusula nula. El Tribunal Supremo resolvió el asunto considerando que la cláusula suelo es nula de pleno derecho, lo que comporta que su nulidad no es subsanable ni susceptible de convalidación por un acuerdo posterior, y que por tanto nada impide que la cláusula sea declarada abusiva y el banco quede  condenado a devolver todas las cantidades cobradas indebidamente.

Sin embargo el mismo Tribunal Supremo se contradice gravemente pocos meses más tarde, al calor de las presiones del lobby financiero, algo a lo que tristemente nos tiene acostumbrados. Así ocurrió con la Sentencia 205/2018 de 11 de abril, un caso con los siguientes antecedentes. Como en el asunto anterior, un ciudadano había contratado un préstamo hipotecario para financiar la compra de su vivienda, y dicho préstamo contenía una cláusula suelo, por lo que tan pronto como este cliente empezó a padecer las consecuencias negativas de la cláusula reclamó su eliminación. La entidad le ofreció un acuerdo consistente en reducir la cláusula suelo a cambio de renunciar a ejercitar cualquier reclamación, y no en vano lo hizo precisamente en marzo de 2014, cuando el propio Tribunal Supremo había declarado abusivas las cláusulas de este tipo, aunque sin condenar a los bancos a devolver las cantidades cobradas con anterioridad a mayo de 2013. Para el Tribunal Supremo, este acuerdo es asimilable a una transacción extrajudicial y comporta un intercambio de prestaciones, de manera que el banco se compromete a reducir la cláusula y el cliente renuncia a cualquier reclamación, por lo que todo ello impide al consumidor ejercitar acción alguna en el futuro.

Bajo nuestro punto de vista, en contra del criterio que hasta el momento sostiene el Tribunal Supremo, la propia cláusula consistente en imponer al consumidor la renuncia a derechos legalmente reconocidos es abusiva y carece de validez, por lo que no debe tenerse en consideración a los efectos de impedir al consumidor ejercitar acciones judiciales. Además, en esa línea, lo cierto es que el banco no transige en absoluto ni concede prestación alguna, sino que únicamente se limitaría a cumplir la ley y abstenerse de aplicar cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores.

Como era de esperar, ante el panorama de criterios contradictorios por parte del Tribunal Supremo, varios juzgados formularon cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez de este tipo de acuerdos. Precisamente, el pasado 16 de noviembre de 2018 la Comisión Europea emitió un informe en el marco de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Teruel, y si bien dicho informe no es vinculante, junto al informe del Abogado General de la Unión Europea y las alegaciones de las partes, será uno de los dictámenes que el Tribunal tendrá en consideración para dictar Sentencia.

Analizamos algunas de las apreciaciones que contiene el informe de la Comisión Europea:

  • El hecho de que el consumidor haya escrito de su puño y letra que es consciente y comprende que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará de un determinado porcentaje, algo bastante habitual en los acuerdos de renuncia, no significa que exista negociación individual de la cláusula. Al contrario, el hecho de que multitud de contratos incluyen estipulaciones de idéntica redacción es un indicio claro de que se trata de condiciones predispuestas unilateralmente por los bancos, sin que los clientes tengan capacidad alguna para influir en su contenido.
  • Según la Ley española, la imposición a los consumidores de una renuncia a los derechos reconocidos legalmente es una cláusula abusiva. Además, dicha cláusula es abusiva con carácter general, sin necesidad de examinar las circunstancias de cada caso concreto, es decir, es abusiva en razón de su contenido y no necesariamente por falta de transparencia, aunque es cierto que, además, en la mayoría de los casos no se informa al consumidor sobre el significado y las consecuencias de la renuncia a la que se compromete.
  • No existe un verdadero intercambio de prestaciones entre las partes, sino que el consumidor es el único que renuncia al ejercicio de sus derechos. Mientras que la entidad bancaria no renuncia a ejercitar la acción de ejecución hipotecaria ante posibles impagos del deudor, el consumidor sí renuncia a plantear reclamaciones contra determinadas cláusulas abusivas del contrato.
  • Por último, la Comisión Europea recuerda que la protección de los consumidores es un asunto de orden público, lo que conlleva que el Derecho de la Unión y la Ley de los Estados miembros no pueden aceptar la mera renuncia al ejercicio de acciones y a la protección jurisdiccional, sin que se prevea al mismo tiempo otro medio similar alternativo para la resolución del conflicto, por ejemplo un sistema de arbitraje al que voluntariamente se sometan ambas partes.

En suma, el criterio de la Comisión Europea apunta a que las cláusulas consistentes en imponer al consumidor una renuncia sus derechos son abusivas y por tanto deben tenerse por no puestas, sin que puedan impedirle acceder a la vía judicial. Todo lo contrario a lo manifestado por el Tribunal Supremo, que sostiene hasta el momento la imposibilidad de ejercitar acciones judiciales con posterioridad a la firma de este tipo de acuerdos.

Aunque es imposible prever de antemano cuánto tardará el Tribunal de la Unión Europea en dictar Sentencia sobre esta cuestión, atendiendo a la duración habitual de los procedimientos estimamos que la resolución no llegará al menos hasta mediados del próximo año 2.020. Aún no está todo dicho en este asunto, por lo que mantendremos informados a nuestros lectores sobre nuevas noticias que resulten de interés.

Novedades jurisprudenciales sobre los gastos asociados a las hipotecas

En este artículo analizamos las novedades jurisprudenciales en esta materia introducidas por las recientes Sentencias del Tribunal Supremo del pasado 23 de enero de 2019, que afectan a Bankia, Liberbank, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), Banco Santander y Caja Rural de Asturias, y vienen a pronunciarse sobre los gastos y comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios.

Gastos hipotecarios, gastos de formalización de hipoteca, cláusulas abusivas, reclamación
Gastos asociados a la constitución de préstamos hipotecarios

Si bien desde la conocida sentencia 705/2015 de 23 de diciembre ya quedó sentado que la imposición indiscriminada a los consumidores de todos los gastos relacionados con la constitución de la hipoteca es una práctica abusiva, mucho se ha discutido desde entonces en los tribunales sobre cuáles deben ser las consecuencias indemnizatorias. Así, muchos juristas, bufetes, asociaciones y movimientos sociales hemos defendido que las entidades bancarias deben ser condenadas a indemnizar a los consumidores, no sólo por las cantidades que la ley les obliga a pagar, sino por el montante total de los gastos asociados a la hipoteca, con un objetivo disuasorio, pues de lo contrario el mensaje que se envía a las entidades infractoras es que quebrantar la ley no tiene consecuencias negativas, en la medida que no recibirían penalización alguna por ello.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha venido finalmente a zanjar la cuestión, de nuevo con un claro sesgo pro-banco, lo cual es de lamentar. En ese sentido, establece que cuando la cláusula sea declara abusiva y nula, los gastos deberán repartirse de la siguiente forma:

– Los aranceles notariales en lo que respecta a la matriz de la escritura, deberán ser asumidos al 50% por cada parte, mientras que las copias de la escritura las abonará quien las solicite.

– Los aranceles registrales por la inscripción de la hipoteca deberán ser soportadas en su totalidad por la entidad bancaria.

– Los gastos de la gestoría encargada de la tramitación de la escritura y su inscripción, deberán ser abonados a partes iguales por banco y consumidor.

– En relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, viene a confirmar la sentencia del pasado mes de noviembre que atribuía el mismo al cliente.

– Los costes derivados de la tasación del inmueble serán asumidos totalmente por el cliente.

Con respecto a la comisión de apertura, declara que la misma es válñida por cuanto forma parte de la remuneración del banco y esta cuestión no es susceptible de control por los tribunales, sin embargo admite que esta cláusula sí puede ser objeto de control de transparencia, es decir, que los bancos deben informar con claridad sobre esta comisión e incluirla en la T.A.E. junto a los intereses y gastos del préstamo.

Es de reseñar que este criterio jurisprudencial sólo es aplicable, en lo que se refiere al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, para las hipotecas contratadas con anterioridad al 9 de noviembre de 2018, pues en esta fecha entró en vigor el Real Decreto Ley que pasaba a atribuir el pago del mismo a las entidades bancarias.

Por último, parece muy cerca de aprobarse la nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que tras conseguir mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados se está tramitando ahora en el Senado. Esta norma introducirá importantes novedades en cuanto a las obligaciones de información y transparencia de los bancos, comisiones, gastos, productos vinculados y ejecuciones hipotecarias. Tan pronto como se produzca su aprobación definitiva y entrada en vigor, publicaremos una entrada informando sobre ella.

Afectados por Tarjetas Revolving

Cofidis, Wizink, Cetelem, etc. Desgraciadamente, el endeudamiento para atender gastos corrientes e imprescindibles es una necesidad cada vez más frecuente en los hogares, en gran medida fruto del incremento de la precariedad laboral. El problema, lejos de desaparecer, empeora cuando comprobamos que el crédito que solicitamos genera intereses muy elevados.

Tarjetas Revolving, créditos usurarios, reclamación, demanda, usura
Tarjetas Revolving

La antigua Ley de 23 de julio de 1908, conocida como Ley de Usura, establece en su artículo primero que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Tal calificación merecen los créditos o préstamos con un tipo de interés notablemente superior al interés normal del dinero en cada momento histórico. El interés normal del dinero no debe confundirse con el interés legal, ya que se trata de parámetros totalmente diferentes, por ejemplo, según estadísticas del Banco de España la T.A.E. media ponderada de los créditos al consumo en enero de 2018 era del 8,74%, de modo que un tipo de interés superior al 20%, como suele ser habitual en las Tarjetas Revolving, se considera indubitadamente un interés usurario que devendría en la nulidad del contrato de crédito. 

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero de dicha Ley, como resultado de la nulidad de un crédito usurero el prestatario deberá devolver únicamente el capital efectivamente dispuesto y la entidad financiera deberá reintegrar todos los intereses percibidos durante la vida del crédito.