Nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el vencimiento anticipado: así afecta a las ejecuciones hipotecarias en curso.

El 26 de marzo de 2019 el TJUE ha vuelto a pronunciarse, una vez más, al hilo de las cuestiones prejudiciales C-70/17 y C-179/17, sobre las cláusulas de vencimiento anticipado utilizadas por las entidades bancarias españolas en los préstamos hipotecarios, para repetir lo mismo de siempre: que si el juez declara abusiva esta cláusula no puede moderar, matizar o suavizar su contenido, sino que debe limitarse a eliminarla del contrato, y que el juez no puede sustituir la cláusula abusiva por una disposición legal supletoria salvo que el contrato no pueda subsistir en caso de eliminación de la cláusula y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. En este artículo explicaré cómo afecta esta sentencia a las ejecuciones hipotecarias en curso.

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17.

A día de hoy existe en España un aluvión de ejecuciones hipotecarias pendientes de resolución en los Juzgados, muchas de ellas suspendidas y con los afectados en vilo. El motivo de ello son las cláusulas de vencimiento anticipado, presentes en todos los préstamos hipotecarios, que permiten al banco resolver el préstamo y reclamar al deudor el total de la deuda más intereses en caso de que se produzca el impago de una sola cuota. Con la nueva sentencia del TJUE, lo previsible es que los Juzgados españoles reanuden los procedimientos y acuerden archivar las ejecuciones, por los motivos que a continuación voy a comentar. Pese a valorar positivamente la sentencia, he de decir que echo en falta una mayor contundencia del Tribunal, que en este caso parece haberse puesto de perfil y deja espacio a indebidas interpretaciones de los Tribunales españoles.

A riesgo de hacer el artículo más extenso y tedioso de lo que me gustaría, es necesario empezar por poner al lector en antecedentes:

El TJUE resolvió sobre las cláusulas de vencimiento anticipado por primera vez el 14 de marzo de 2.013, sacándole los colores al Estado español. En aquel momento ya dijo que los Jueces españoles deben comprobar, entre otras circunstancias, 1) si la facultad de la entidad bancaria de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual y 2) si esa facultad está prevista para casos de incumplimiento suficientemente graves con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. La conclusión de este razonamiento era clara: una cláusula que permite vencer anticipadamente el préstamo por la falta de pago de una cuota es abusiva. Partiendo de esta argumentación, todas las ejecuciones hipotecarias en que los deudores eran consumidores debieron ser archivadas, sin embargo, desde entonces los Juzgados y Tribunales españoles insisten una y otra vez en formular cuestiones prejudiciales sobre el mismo tema desde ópticas y ángulos diferentes, lo que ha dado la oportunidad al TJUE de dictar sentencia sobre este asunto en multitud de ocasiones adoptando, no obstante, la misma decisión.

En la vorágine de cuestiones prejudiciales acerca del vencimiento anticipado ha tenido mucho que ver nuestro Tribunal Supremo, que en la sentencia 705/2015 de 23 de diciembre, en el marco de una demanda colectiva de cesación y al hilo de las cláusulas de vencimiento anticipado, decidió pronunciarse sobre una cuestión por la que ni siquiera se le había preguntado: si debe o no continuar una ejecución hipotecaria en caso de declararse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. La Ley de Enjuiciamiento Civil, tras una reforma motivada precisamente por la sentencia del TJUE del año 2.013, establece con claridad que el Juez archivará la ejecución hipotecaria cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución, y si hay una estipulación que constituye el fundamento de la ejecución ésa es por antonomasia la de vencimiento anticipado. A pesar de todo, el Tribunal Supremo se preocupó de articular una enrevesada argumentación para tratar de convencernos de que la solución más beneficiosa para el deudor hipotecario es que la ejecución siga adelante, sin la aplicación de la cláusula abusiva, eso sí, y ante esta última matización uno queda perplejo y se pregunta cómo es posible ejecutar una hipoteca por la deuda total vencida, incluyendo capital, intereses ordinarios, intereses de demora y costas, sin resolver antes el contrato de préstamo, que es precisamente a lo que faculta la cláusula de vencimiento anticipado.

Aquella sentencia del Tribunal Supremo trajo consigo un aluvión de resoluciones judiciales que, pese a declarar abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado, ordenaban la continuidad de las ejecuciones. Aunque también hubo Jueces de instancia que formularon cuestiones prejudiciales sobre el vencimiento anticipado y suspendieron los procedimientos, a la espera de que el TJUE volviera a pronunciarse y se encargara de poner en su sitio al Tribunal Supremo (me vais a permitir la expresión), ya que ellos no estaban en condiciones de hacerlo, y esto ha permitido ganar tiempo a miles de familias que de otro modo ya habrían sido desahuciadas.

El 26 de enero de 2.017 el TJUE puso en evidencia otra vez al Estado español, declarando en resumen que, cuando el Juez nacional haya constatado el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato celebrado entre un consumidor y un empresario, la circunstancia de que el empresario haya esperado al impago de 3 cuotas mensuales o más, según establece el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de solicitar la ejecución hipotecaria, en lugar de hacerlo en el momento en que se produjo el impago de la primera cuota adeudada, tal como prevé la cláusula del contrato en cuestión, no exime al Juez nacional de su obligación de declarar abusiva la cláusula con todas las consecuencias que procedan. De esta manera, el TJUE ya estaba anticipando hace 2 años que si la cláusula de vencimiento anticipado se declara abusiva, la ejecución hipotecaria debe archivarse.

Pero el propio Tribunal Supremo no quedó conforme con este planchazo y tuvo el arrojo, entiéndase en este caso la ironía, de formular una cuestión prejudicial mediante Auto de 8 de febrero de 2017 (asunto C-70/17), lo cual ha permitido que el TJUE vuelva a sacarle los colores, aunque resulta significativo que no ha dicho en su sentencia de 26 de marzo de 2.019 nada nuevo o sorprendente. Las preguntas del Tribunal Supremo eran dos:

  • Si los Jueces españoles pueden modificar o conservar parcialmente una cláusula de vencimiento anticipado que se declare abusiva.
  • Si los Jueces españoles pueden, una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado, aplicar supletoriamente una Ley nacional, aunque esto determine la continuación del proceso de ejecución hipotecaria contra el consumidor, por considerar esta solución más favorable para el mismo.

La respuesta del TJUE queda muy lejos de lo que el Tribunal Supremo pretendía y se resume en las siguientes ideas:

  • El sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al empresario, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el empresario sin poder influir en su contenido.
  • Teniendo en cuenta esta situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada por los Tribunales para apreciar su posible carácter abusivo.
  • En el presente asunto, los propios Jueces que han formulado las cuestiones prejudiciales consideran que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, en la medida que permite a la entidad financiera declarar el vencimiento anticipado del contrato y exigir la devolución total del préstamo en caso de que el deudor deje de pagar una mensualidad.
  • Cuando el Juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor, la Directiva 93/13 prohíbe integrar el contrato modificando el contenido de la cláusula. Porque si el Juez pudiera modificar el contenido de las cláusulas abusivas, estaría contribuyendo a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los empresarios el hecho de que, pura y simplemente, las cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los empresarios podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el Juez en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos empresarios.
  • El Juez puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición legal supletoria sólo cuando el contrato no pueda subsistir sin la existencia de la cláusula abusiva, esta circunstancia obligue a anular el contrato en su totalidad y el consumidor quede expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales que le supongan una penalización.
  • Corresponde a los Jueces españoles en cada caso valorar, aplicando la Ley española, si el contrato de préstamo puede subsistir o no con la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado.
  • Si los Jueces españoles llegan a la conclusión de que el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, deben eliminar esta cláusula y abstenerse de aplicarla en modo alguno, salvo que el consumidor pida expresamente que continúe la ejecución hipotecaria porque considere que esto le es favorable.

Conclusión: los Jueces españoles deben valorar ahora, en cada una de las ejecuciones hipotecarias en curso, si el deudor hipotecario es un consumidor y si la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, en tal caso si el contrato puede subsistir con la anulación de esta cláusula o por el contrario provocaría la nulidad del contrato en su totalidad. Si la conclusión es que la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no provoca la nulidad del contrato entero, el Juez debe archivar la ejecución hipotecaria, salvo que el deudor le solicite expresamente lo contrario.

En mi opinión, las únicas cláusulas financieras esenciales del contrato de préstamo son el capital, el plazo y el sistema de amortización para devolver el capital, de manera que la nulidad y correspondiente eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no impide que el contrato siga existiendo. De acogerse esta argumentación, el Juez deberá anular la cláusula de vencimiento anticipado y archivar la ejecución hipotecaria. Como resultado de ello, la entidad bancaria no podrá vencer anticipadamente el préstamo y en un procedimiento posterior sólo podrá reclamar las cuotas vencidas, por ejemplo, si nos queda un capital pendiente de 75.000€ a 2% de interés y el deudor ha dejado sin pagar 36 cuotas mensuales, el banco sólo podrá exigir el pago de las 36 cuotas vencidas, pero no el pago de la deuda total de 75.000€ más intereses.

Por último, si bien la nueva Ley Hipotecaria, que entrará en vigor el 16 de junio, permite a las entidades bancarias resolver anticipadamente el contrato de préstamo y solicitar la ejecución de la hipoteca ante un impago de 12 cuotas o 15 cuotas mensuales, según se produzca durante la primera o la segunda mitad del plazo, estas disposiciones de la nueva Ley no se aplicarán retroactivamente cuando la ejecución hipotecaria se haya iniciado con anterioridad a su entrada en vigor. Este hecho tiene importantes consecuencias, pues incluso en el caso de que se haya producido un impago superior a 15 cuotas mensuales, el Juez deberá archivar la ejecución hipotecaria siempre que considere abusiva la cláusula de vencimiento anticipado y considere que su eliminación no provoca la nulidad del contrato en su totalidad.

Espero que el artículo, pese a su extensión y complejidad, te haya resultado interesante. Si es así comparte con tu entorno y, por supuesto, no dudes en comentar cualquier duda o apreciación sobre el tema.

Las novedades que trae la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (nueva Ley Hipotecaria)

Tras producirse su aprobación definitiva, el 16 de marzo se ha publicado en el BOE la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, coloquialmente conocida como la nueva Ley Hipotecaria. Su entrada en vigor se producirá dentro de 3 meses y conlleva importantes novedades para los contratos de préstamo hipotecario que se formalicen a partir de entonces. Analizamos sus puntos clave en este artículo.

Nueva Ley Hipotecaria

Esta Ley viene a incorporar al Ordenamiento Jurídico español la Directiva de la Unión Europea 17/2014, con un retraso de casi tres años. Aunque en este caso, la mayor parte de los cambios introducidos no proceden de la Directiva ni se trata por tanto de una imposición de la Unión Europea, sino que obedecen a la voluntad política del Gobierno y de los distintos grupos parlamentarios.

Se aplicará a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria en los cuales el prestatario o fiador sea una persona física, y que se garanticen con un inmueble que tenga el carácter de vivienda, así como a los préstamos que tengan por finalidad adquirir o conservar terrenos o inmuebles de cualquier tipo, siempre que alguno de los obligados tenga la condición de consumidor.

Nos llama la atención que las medidas de esta Ley no sólo se aplicarán a los consumidores y usuarios, es decir, en contratos ajenos a una finalidad empresarial, sino también a las personas físicas que actúen en su condición de profesionales cuando contraten un préstamo para su actividad económica y aporten su propia vivienda como garantía.

Entre las novedades de la nueva Ley, destacan en primer lugar las medidas relativas a las obligaciones de transparencia e información previa al contrato.

La entidad bancaria estará obligada a inscribir en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación las cláusulas utilizadas en los contratos de préstamo hipotecario. Además, los bancos tendrán la obligación de publicar las condiciones generales de los contratos en su página web o, en el improbable caso de no tener página web, ponerlas a disposición del público en sus oficinas de manera gratuita.

Con la nueva regulación, una vez que el cliente haya facilitado los datos necesarios sobre su situación financiera, necesidades y preferencias, el banco deberá entregarle con una antelación mínima de 10 días naturales respecto a la firma del contrato los siguientes documentos, que recogerán la información sobre las condiciones del préstamo:

  • La Ficha Europea de Información Personalizada (FEIN), que tendrá la consideración de oferta vinculante.
  • Una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), que deberá indicar el índice de referencia utilizado para calcular el tipo de interés variable y advertir la posibilidad de que se produzca el vencimiento anticipado del préstamo como consecuencia del impago.
  • En el caso de los préstamos a interés variable, un cuadro de amortización a futuro donde figuren las cuotas periódicas a pagar en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.
  • Una copia del proyecto del contrato.
  • Distribución entre las partes de los gastos asociados a la concesión del préstamo.
  • Las condiciones de garantía que deban cumplir los seguros de daños sobre el inmueble y de cumplimiento de las obligaciones del préstamo.

Además de facilitar los documentos que recojan esta información, el banco estará obligado a responder al cliente por escrito las consultas que le formule sobre el contenido y significado de las cláusulas del contrato. Las explicaciones deberán contener ejemplos prácticos ilustrados con diversos escenarios de coyuntura económica, especialmente sobre los tipos de interés.

El Notario pasará a desempeñar un papel fundamental en la comprobación de que el cliente ha sido debidamente informado de las condiciones del préstamo.

Pero mucho cuidado con esto, porque el hecho de que el Notario dé fe pública de que lo has entendido todo no significará que así sea, por lo que ahora, más que nunca, va a ser necesario acudir al Notario correctamente asesorado acerca de tus derechos y obligaciones, para evitar las indeseadas consecuencias de firmar un documento donde se dice que somos conscientes de todo, sin que en realidad hayamos comprendido nada.

A partir de la entrada en vigor de la Ley, será obligatorio que el cliente comparezca ante el Notario como mínimo 1 día antes de firmar la escritura, y en esa comparecencia lo primero que se comprobará es que el banco haya entregado en plazo los documentos de información personalizada sobre las condiciones del préstamo.

Una vez hecha esta comprobación, el Notario tendrá la obligación de asesorar al cliente, tanto prestatario como fiadores si los hubiera, de manera individualizada sobre las cláusulas contractuales. Para finalizar esta comparecencia previa, el Notario expedirá acta que da fe pública del cumplimiento de los requisitos legales y la información facilitada al cliente sobre las condiciones del contrato que va a firmar.

Es importante insistir en que este acta servirá como prueba de que el cliente comprende y acepta el contenido del documento, a efectos de cumplir con el principio de transparencia en su vertiente material, incluso cuando el cliente se haya limitado a firmar los papeles que le da, primero el banco y unos días más tarde el Notario, sin entender nada. Por este motivo va a resultar más conveniente que nunca recibir un asesoramiento jurídico personalizado antes de firmar la hipoteca.

También ha sido objeto de regulación la evaluación de solvencia que las entidades bancarias deben realizar antes de conceder préstamos.

La evaluación de solvencia deberá tener en cuenta la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del préstamo, entre otros factores, su empleo, ingresos presentes y previsibles en el futuro, activos en propiedad, ahorro, gastos fijos y deudas actuales, así como la pensión de jubilación previsible, en caso de que el plazo de amortización del préstamo se prolongue hasta la edad de jubilación.

En ningún caso el banco podrá cobrar al cliente ningún tipo de comisión por los estudios necesarios para realizar la evaluación de solvencia.

Cuando el objeto del préstamo sea financiar la compra de una vivienda, la evaluación de solvencia no se podrá basar predominantemente en el valor de la vivienda aportada como garantía o en la expectativa de que su valor aumentará en el futuro.

Cuando el banco haya realizado la evaluación de solvencia de manera incorrecta o no haya recopilado información suficiente, no podrá utilizar posteriormente este motivo para resolver, rescindir o modificar el contrato, salvo que se demuestre que el cliente ha dado una información falsa de manera consciente.

La nueva regulación de las comisiones.

Respecto a la comisión por amortización anticipada, con carácter general la comisión o compensación no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el banco. Dicha pérdida financiera se calculará proporcionalmente al capital reembolsado, por diferencia negativa entre el capital pendiente en el momento del reembolso y el valor de mercado del préstamo en ese momento.

En todo caso, con independencia del porcentaje que pueda resultar del complejo cálculo anterior, en las hipotecas a interés fijo la comisión queda limitada a un máximo del 2% cuando se produzca en los primeros 10 años y al 1,5% a partir de entonces. Mientras que en las hipotecas a interés variable, la comisión queda limitada a un máximo del 0,25% en los primeros 3 años o bien al 0,15% durante los primeros 5 años.

También se establecen límites para las comisiones por novación para cambiar el tipo de interés variable por un tipo de interés fijo. Dicha comisión queda limitada, igual que en el caso anterior, a la pérdida financiera que pudiera sufrir el banco, pero en ningún caso podrá exceder del 0,15% si la novación se hace durante los 3 primeros años de vigencia del contrato, mientras que en caso de realizarse la novación después de los 3 primeros años de vigencia el banco ya no podrá cobrar dicha comisión por este concepto.

A su vez, la nueva Ley seguirá permitiendo a los bancos aplicar comisión de apertura, con el requisito de que se aplique una sola vez y englobe la totalidad de los gastos de estudio, tramitación y concesión del préstamo.

Los nuevos intereses de demora.

El interés de demora queda establecido de manera imperativa en el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales y sólo se aplicará al principal vencido y pendiente de pago, es decir, no podrá capitalizarse y generar intereses de los intereses. Además, al tratarse de una norma imperativa, no podrá establecerse en el contrato un interés de demora diferente, ni más alto, ni tampoco más bajo.

Nos llama especialmente la atención esta nueva regulación porque hasta el momento la Ley establecía el interés de demora máximo en el triple del interés legal, pero no excluía la posibilidad de que en el contrato se estipulara un tipo más bajo, y sobre todo, más allá de lo que decía la Ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había limitado el interés de demora al interés remuneratorio más 2 puntos porcentuales.

Así que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el interés de demora de los préstamos hipotecarios no dependerá de lo que estipule cada contrato, sino que será en todo caso de 3 puntos por encima del interés remuneratorio.

¿Cómo se repartirán ahora los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario?

En virtud de la nueva regulación, las entidades bancarias asumirán el pago íntegro de los gastos de Notario, Registro de la Propiedad y gestoría para la tramitación, formalización e inscripción de las escrituras de préstamo hipotecario, lo que se une al anterior Real Decreto-Ley por el cual también se atribuyó a los bancos el pago del Impuesto de actos jurídicos documentados. Por tanto, de los gastos asociados a la constitución de hipotecas los clientes asumirán únicamente los relativos a la tasación y las copias notariales que soliciten.

Es importante aclarar que esta nueva regulación no tendrá efectos retroactivos sobre los préstamos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

¿Es verdad que la nueva Ley prohíbe las cláusulas suelo?

Efectivamente, la nueva regulación establece que en las operaciones con tipo de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés. No obstante, también se encarga de aclarar que el interés remuneratorio de los préstamos variables no podrá ser negativo, por lo que de facto se impone un suelo legal del 0%.

¿Y qué pasa con el IRPH?

La nueva Ley Hipotecaria prevé una regulación que puede afectar a este índice, pero no se aplicará retroactivamente a los afectados por préstamos hipotecarios anteriores a su entrada en vigor, de manera que los aspectos de la nueva Ley que aquí se comentan no deben confundirse con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda resolver sobre el IRPH en los próximos meses.

Ante todo, hay que recordar que IRPH Cajas, IRPH Bancos e Indicador Activo desaparecieron en 2013 y que a día de hoy sólo sigue publicándose el IRPH Conjunto de Entidades.  Lo cierto y verdad es que la nueva Ley no ha ordenado que deje de publicarse el IRPH, pero sí se hace cargo de decir que los índices de referencia utilizados para los préstamos a interés variable deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser claros, accesibles, objetivos y verificables por las partes en el contrato de préstamo y por las autoridades competentes.
  • Calcularse a coste de mercado y no ser susceptible de influencia por el propio banco o varios bancos que se pongan de acuerdo para alterarlo.
  • Los datos que sirvan de base al índice deben obtenerse mediante un procedimiento matemático objetivo.

En mi opinión, como abogado especializado en la materia, el IRPH Entidades no cumple estos requisitos. Pero insisto en que esta Ley no tiene efectos retroactivos sobre contratos realizados con anterioridad a su entrada en vigor y que, además, la Ley no ordena expresamente la desaparición del IRPH. Así que esto, unido a que el Gobierno viene actuando como paladín de la banca y está defendiendo en Europa la legalidad del IRPH, nos hace ser escépticos respecto a la trascendencia práctica de esta nueva regulación.

¿Es verdad que el banco ahora no podrá obligarme a contratar seguros?

La nueva ley prohíbe con carácter general a los bancos vincular la concesión de préstamos hipotecarios a otros productos, sin embargo, como era de esperar se prevén dos importantes excepciones para esta regla general:

  • Que el Banco de España autorice ese producto en concreto, al considerar que resulta beneficioso para el cliente.
  • Que se trate de un seguro que garantice el pago del préstamo o cubra los daños sobre el inmueble hipotecado.

De modo que, a efectos prácticos, la entidad bancaria sí podrá condicionar la concesión de préstamos a la contratación de seguros. En todo caso, lo que sí queda establecido legalmente que el banco deberá aceptar pólizas alternativas de otras aseguradoras que proponga el cliente, siempre que establezcan condiciones y prestaciones similares a las exigidas por el banco, sin que sea lícito exigir la contratación con una aseguradora en concreto.

Del mismo modo, la aceptación de una póliza alternativa no podrá suponer un empeoramiento de las condiciones del préstamo. Así las cosas, entendemos que será contrario a la Ley que la entidad ofrezca un tipo de interés más alto para el cliente que contrate el seguro con otra compañía alternativa o, dicho de otra manera, que ofrezca bonificaciones y un interés más bajo al cliente que contrate el seguro con una compañía vinculada al banco.

Tampoco podrá el banco pretender cobrar comisión de ningún tipo por estudiar pólizas de seguro alternativas que el cliente sugiera.

Respecto al vencimiento anticipado se recogen igualmente importantes medidas.

La nueva Ley sólo permitirá a las entidades bancarias resolver el contrato de préstamo hipotecario e iniciar la ejecución en los siguientes supuestos:

  • Durante la primera mitad del crédito, cuando se haya producido el impago del 3% del capital adeudado o equivalente a 12 plazos mensuales.
  • En la segunda mitad del plazo de duración del préstamo, cuando se produzca el impago del 7% del capital adeudado o equivalente a 15 cuotas mensuales.

Al igual que ocurre con los intereses de demora, la Ley no permite que se estipule en el contrato una regulación diferente sobre el vencimiento anticipado.

Aunque con carácter general esta Ley no se aplicará a los contratos suscritos con anterioridad a su entrada en vigor, las disposiciones relativas al vencimiento anticipado constituyen una excepción y, en principio, sí se aplicarán retroactivamente, salvo que el deudor alegue que prefiere acogerse a la regulación legal anterior. Por lo que habrá que valorar en cada caso concreto qué conviene más al deudor hipotecario.

Sin embargo, cuando se haya producido el vencimiento anticipado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, por ejemplo cuando se haya iniciado la ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo o no, no se aplicará la regulación actual, sino la anterior.

Por tanto, resulta esencial en los casos de ejecución hipotecaria contar con un asesoramiento jurídico especializado para diseñar la estrategia procesal más favorable para la defensa del deudor hipotecario.

Nos dejamos en el tintero la nueva regulación de las hipotecas multidivisa y también las ventas de productos financieros vinculados a los préstamos. Lo hacemos de manera consciente, para tratarlo en otra entrada de manera particular.

Espero que este artículo te haya resultado interesante, si es así te invito a comentar cualquier duda o impresión al respecto y a compartir con tu entorno.

He vendido mi casa y he reinvertido el dinero en comprar mi nueva vivienda, ¿puedo beneficiarme de la exención por reinversión en vivienda habitual?

Si bien a partir del 1 de enero de 2013 quedó suprimida la deducción fiscal por inversión en vivienda habitual en virtud de lo establecido por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, subsiste aún en nuestra legislación la exención por reinversión en vivienda habitual. Si el pasado año has vendido tu casa y has comprado nueva vivienda, te preguntarás cómo te afecta esta operación inmobiliaria para la Declaración de la Renta 2018. Dependiendo de la diferencia entre el precio de compra y de venta, es posible que exista una ganancia patrimonial y en ese caso te interesará saber si dicha ganancia patrimonial está exenta del IRPF. Te lo cuento en esta entrada.

La exención por reinversión en vivienda habitual se regula en el artículo 38.1 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como en el artículo 41 del Reglamento de dicho impuesto, aprobado por Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo, en el cual se establece que “Podrán gozar de exención las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, cuando el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, en las condiciones que se establecen en este artículo. Cuando para adquirir la vivienda transmitida el contribuyente hubiera utilizado financiación ajena, se considerará, exclusivamente a estos efectos, como importe total obtenido el resultante de minorar el valor de transmisión en el principal del préstamo que se encuentre pendiente de amortizar en el momento de la transmisión”.

En primer lugar, generalmente hablamos de ganancia patrimonial cuando vendemos nuestra vivienda por un precio superior al precio de compra, y al contrario, estaremos ante una pérdida patrimonial cuando la vivienda se vende por un precio inferior al precio de compra. Mayor complejidad presentan los casos de venta de una vivienda que hayamos adquirido mediante herencia, pues si bien el precio de venta es fácilmente identificable, la determinación del valor de adquisición puede resultar más complicada y, lógicamente, conocer este dato es necesario para concluir si hay ganancia o pérdida patrimonial. Por ello, en caso de duda la opción más sensata es que me pidas asesoramiento jurídico, para poder evaluar tu caso concreto.

Una vez hayamos comprobado que existe una ganancia patrimonial con ocasión de la venta de nuestra vivienda, habrá que evaluar si esta ganancia está sometida a tributación o bien está exenta del IRPF. Para ello hay que verificar los siguientes requisitos:

  1. Que se trate de la vivienda habitual.

A efectos fiscales, tiene el carácter de vivienda habitual la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos 3 años. Ahora bien, hay algunas excepciones a esta regla general, de modo que se considerará que la vivienda tuvo la naturaleza de habitual, aun cuando no haya transcurrido dicho plazo, cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo. En tal caso, es imprescindible estar en condiciones de justificar y acreditar suficientemente ante la Agencia Tributaria la concurrencia de dichas circunstancias excepcionales, por ejemplo aportando el contrato de trabajo o la sentencia de divorcio.

En cuanto a la vivienda adquirida, para que ésta se considere residencia habitual es necesario que sea habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de adquisición o finalización de las obras. No obstante, la vivienda mantendrá el carácter de habitual a pesar de no ser habitada en dicho plazo, cuando concurran las circunstancias excepcionales arriba comentadas. Por ejemplo, si compras una nueva vivienda con idea de cambiar tu domicilio pero no puedes hacerlo hasta que consigas otro empleo o el traslado a otro centro de trabajo, cuestión que previsiblemente tardarás en gestionar varios años, el plazo de 12 meses empezará a contar a partir de la fecha en que se haga efectivo el traslado o cese.

  1. Plazo para efectuar la reinversión.

Una vez que vendas tu vivienda habitual, tienes un plazo de 2 años para reinvertir el importe obtenido en la compra de tu nueva vivienda. No obstante, dicho plazo de 2 años no sólo se contempla con posterioridad a la venta, sino con anterioridad a la misma, es decir, la Ley permite disfrutar de la exención si compramos primero la vivienda, que tenemos previsto que se convierta en nuestro nuevo domicilio, antes de vender nuestra actual vivienda habitual, siempre que la venta se produzca en el plazo máximo de 2 años contados desde que realizamos la compra. En tal caso, se entenderá que la vivienda que vendemos tiene el carácter de habitual cuando la hayamos habitado de manera efectiva y permanente hasta cualquier día de los 2 años anteriores a la fecha de la venta o cuando dejemos de habitar la vivienda que vendemos con motivo de nuestro traslado a la nueva vivienda que compramos.

Si cumplimos estos requisitos, la ganancia patrimonial que hayamos podido obtener por la venta estará exenta. Ahora bien ¿qué ocurre en el caso de que la reinversión sea parcial? Si reinvertimos en la compra de la nueva vivienda habitual un importe inferior al total obtenido por la venta, sólo se excluirá del gravamen la parte proporcional de la ganancia patrimonial correspondiente a la cantidad efectivamente reinvertida.

Para finalizar veamos un ejemplo que, confío, ayudará a entenderlo mejor:

María tiene planeado mudarse a un piso más grande con su pareja, así que vende por 80.000€ su piso de 60m2 donde vive permanentemente desde hace 4 años, importe al que deben restarse los gastos y tributos asociados a la venta, digamos que en este caso sólo el impuesto de Plusvalía municipal (3.000 €) porque el resto de gastos hayan sido asumidos por el comprador. El piso lo compró en su día por 68.000€ más 6.800€ de gastos y tributos inherentes a la compra (más información sobre ello en https://davidburreroabogado.com/2019/02/04/que-gastos-conlleva-la-compra-de-una-vivienda/), ascendiendo por tanto el valor de adquisición a 74.800€. De manera que María habría obtenido una ganancia patrimonial de 2.200€ por la que debería tributar en principio. Pero como ha comprado su nueva vivienda 3 meses después de vender la anterior, más 1 mes que ha tardado en completar la mudanza y establecerse permanentemente en su nuevo hogar, vemos que cumple 2 de los 3 requisitos para beneficiarse de la exención.

El requisito restante es que destine el importe total de venta a la compra de su nueva vivienda habitual, vamos a verlo. Como María ha tenido que hacer frente a varios desembolsos con ocasión de la venta, la amortización del capital pendiente de su hipoteca por valor de 45.000€ y el impuesto de la Plusvalía municipal por importe de 3.000€, hay que descontar del precio de venta (80.000€) la cantidad de 48.000€, por tanto le quedaría un remanente de 32.000€. Si María reinvierte en la operación la totalidad del remanente de 32.000€ y financia el importe restante con un nuevo préstamo hipotecario, la ganancia patrimonial de 2.200€ quedaría totalmente exenta, al haber reinvertido todo el dinero obtenido por la venta en la compra de su nueva vivienda habitual. Si en lugar de reinvertir la totalidad del remanente de 32.000€, pagara al contado sólo 20.000€ y financiara el resto, sólo quedaría exenta del IRPF la parte proporcional de la ganancia obtenida en la venta de la vivienda.

Espero que este artículo te haya resultado útil. Si es así, no dudes en comentar cualquier cuestión que desees y en compartir con otras personas interesadas en el tema. Para la Declaración de la Renta, no te compliques y cuenta con profesionales cualificados, ¡estoy a tu entera disposición!

Tengo cláusula suelo en mi hipoteca y firmé un acuerdo con el banco para quitarla: ¿puedo reclamar?

Tras la conocida sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, se produjo un aluvión de acuerdos consistentes en reducir o eliminar la cláusula suelo de los contratos de préstamo hipotecario. Aquella sentencia declaró el carácter abusivo y la nulidad de la mayor parte de las cláusulas suelo, pero limitó a mayo de 2013 el derecho de los consumidores a obtener la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, lo cual supuso la ocasión perfecta para que muchas entidades bancarias ofrecieran a sus clientes este tipo de acuerdos a cambio de renunciar a cualquier reclamación futura.  En el artículo de hoy analizamos si la firma de este tipo de acuerdos impide reclamar judicialmente con posterioridad.

Es de sobra conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el 21 de diciembre de 2016 que, en caso de ser declarada abusiva y nula una cláusula suelo, los bancos están obligados a reintegrar a los consumidores todas las cantidades cobradas indebidamente, y que desde entonces el Tribunal Supremo se vio obligado a rectificar su criterio inicial.

Pero la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 no sólo estableció la prohibición de limitar temporalmente la responsabilidad indemnizatoria de los bancos por sus prácticas abusivas, aplicado al caso concreto de las cláusulas suelo. Su fundamentación va mucho más allá y es extrapolable a multitud de supuestos, al referirse al Principio de no vinculación, el cual comporta en general que la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula contractual debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, es decir, como si la misma nunca hubiera existido, de manera que quede totalmente reparado cualquier perjuicio que le hubiera causado.

Precisamente, bajo la anterior argumentación resulta inconcebible que se conceda validez a un acuerdo consistente en la imposición de renuncias a futuras reclamaciones. Pese a todo, la jurisprudencia de los tribunales españoles está dividida con respecto a esta cuestión y actualmente podemos encontrar resoluciones muy dispares en cada provincia, incluso en el seno del Tribunal Supremo, lo que contribuye a generar una grave inseguridad jurídica, una vez más en perjuicio del colectivo de los consumidores y usuarios.

En ese sentido, el propio Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de estudiar en su Sentencia 558/2017 de 16 de octubre un caso de las siguientes características. Un ciudadano realizó un contrato de compra de su vivienda y se subrogó en el préstamo hipotecario que la promotora inmobiliaria mantenía con la entidad bancaria, el contrato incluía una cláusula suelo que le impediría a la postre beneficiarse de las bajadas del Euribor por debajo de dicho suelo, de modo que el cliente reclamó contra el banco en cuanto empezó a padecer los indeseables efectos de la cláusula, solicitando su eliminación o, al menos, su reducción, de modo que quedase equiparada al suelo estipulado en los préstamos que tenían con la misma entidad el resto de vecinos de esa promoción. El banco accedió a reducir la cláusula de este cliente y por ello se discutía, en el procedimiento judicial que éste inicio posteriormente, si un acuerdo de novación puede convalidar una cláusula nula. El Tribunal Supremo resolvió el asunto considerando que la cláusula suelo es nula de pleno derecho, lo que comporta que su nulidad no es subsanable ni susceptible de convalidación por un acuerdo posterior, y que por tanto nada impide que la cláusula sea declarada abusiva y el banco quede  condenado a devolver todas las cantidades cobradas indebidamente.

Sin embargo el mismo Tribunal Supremo se contradice gravemente pocos meses más tarde, al calor de las presiones del lobby financiero, algo a lo que tristemente nos tiene acostumbrados. Así ocurrió con la Sentencia 205/2018 de 11 de abril, un caso con los siguientes antecedentes. Como en el asunto anterior, un ciudadano había contratado un préstamo hipotecario para financiar la compra de su vivienda, y dicho préstamo contenía una cláusula suelo, por lo que tan pronto como este cliente empezó a padecer las consecuencias negativas de la cláusula reclamó su eliminación. La entidad le ofreció un acuerdo consistente en reducir la cláusula suelo a cambio de renunciar a ejercitar cualquier reclamación, y no en vano lo hizo precisamente en marzo de 2014, cuando el propio Tribunal Supremo había declarado abusivas las cláusulas de este tipo, aunque sin condenar a los bancos a devolver las cantidades cobradas con anterioridad a mayo de 2013. Para el Tribunal Supremo, este acuerdo es asimilable a una transacción extrajudicial y comporta un intercambio de prestaciones, de manera que el banco se compromete a reducir la cláusula y el cliente renuncia a cualquier reclamación, por lo que todo ello impide al consumidor ejercitar acción alguna en el futuro.

Bajo nuestro punto de vista, en contra del criterio que hasta el momento sostiene el Tribunal Supremo, la propia cláusula consistente en imponer al consumidor la renuncia a derechos legalmente reconocidos es abusiva y carece de validez, por lo que no debe tenerse en consideración a los efectos de impedir al consumidor ejercitar acciones judiciales. Además, en esa línea, lo cierto es que el banco no transige en absoluto ni concede prestación alguna, sino que únicamente se limitaría a cumplir la ley y abstenerse de aplicar cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores.

Como era de esperar, ante el panorama de criterios contradictorios por parte del Tribunal Supremo, varios juzgados formularon cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez de este tipo de acuerdos. Precisamente, el pasado 16 de noviembre de 2018 la Comisión Europea emitió un informe en el marco de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Teruel, y si bien dicho informe no es vinculante, junto al informe del Abogado General de la Unión Europea y las alegaciones de las partes, será uno de los dictámenes que el Tribunal tendrá en consideración para dictar Sentencia.

Analizamos algunas de las apreciaciones que contiene el informe de la Comisión Europea:

  • El hecho de que el consumidor haya escrito de su puño y letra que es consciente y comprende que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará de un determinado porcentaje, algo bastante habitual en los acuerdos de renuncia, no significa que exista negociación individual de la cláusula. Al contrario, el hecho de que multitud de contratos incluyen estipulaciones de idéntica redacción es un indicio claro de que se trata de condiciones predispuestas unilateralmente por los bancos, sin que los clientes tengan capacidad alguna para influir en su contenido.
  • Según la Ley española, la imposición a los consumidores de una renuncia a los derechos reconocidos legalmente es una cláusula abusiva. Además, dicha cláusula es abusiva con carácter general, sin necesidad de examinar las circunstancias de cada caso concreto, es decir, es abusiva en razón de su contenido y no necesariamente por falta de transparencia, aunque es cierto que, además, en la mayoría de los casos no se informa al consumidor sobre el significado y las consecuencias de la renuncia a la que se compromete.
  • No existe un verdadero intercambio de prestaciones entre las partes, sino que el consumidor es el único que renuncia al ejercicio de sus derechos. Mientras que la entidad bancaria no renuncia a ejercitar la acción de ejecución hipotecaria ante posibles impagos del deudor, el consumidor sí renuncia a plantear reclamaciones contra determinadas cláusulas abusivas del contrato.
  • Por último, la Comisión Europea recuerda que la protección de los consumidores es un asunto de orden público, lo que conlleva que el Derecho de la Unión y la Ley de los Estados miembros no pueden aceptar la mera renuncia al ejercicio de acciones y a la protección jurisdiccional, sin que se prevea al mismo tiempo otro medio similar alternativo para la resolución del conflicto, por ejemplo un sistema de arbitraje al que voluntariamente se sometan ambas partes.

En suma, el criterio de la Comisión Europea apunta a que las cláusulas consistentes en imponer al consumidor una renuncia sus derechos son abusivas y por tanto deben tenerse por no puestas, sin que puedan impedirle acceder a la vía judicial. Todo lo contrario a lo manifestado por el Tribunal Supremo, que sostiene hasta el momento la imposibilidad de ejercitar acciones judiciales con posterioridad a la firma de este tipo de acuerdos.

Aunque es imposible prever de antemano cuánto tardará el Tribunal de la Unión Europea en dictar Sentencia sobre esta cuestión, atendiendo a la duración habitual de los procedimientos estimamos que la resolución no llegará al menos hasta mediados del próximo año 2.020. Aún no está todo dicho en este asunto, por lo que mantendremos informados a nuestros lectores sobre nuevas noticias que resulten de interés.

El fraude del falso autónomo: puedes denunciar y reclamar

Estamos asistiendo a una época en la cual, bajo el pretexto de las innovaciones tecnológicas y las plataformas digitales, se está pretendiendo eliminar el Derecho Laboral y los Convenios Colectivos para sustituirlos por la negociación individual, con la precarización de las relaciones laborales que ello conlleva. En este contexto, ocupa un lugar destacado la figura del falso autónomo. A continuación analizamos la legalidad de este fenómeno tan habitual en la actualidad.

El Derecho Laboral nació, fruto de las reivindicaciones de la clase obrera, para garantizar por Ley los derechos subjetivos de los trabajadores frente a los empresarios, siendo particularmente relevante la figura de la negociación colectiva, que permite a los trabajadores lograr mejores condiciones laborales a través de la organización sindical, siempre por encima de los mínimos establecidos en la Ley.

En primer lugar, es de suma importancia recordar que existe la relación laboral, y por tanto resulta de aplicación el Derecho Laboral, cuando nos encontramos ante un trabajo retribuido, por cuenta ajena y bajo el poder de organización y dirección del empresario. Ello conlleva que bajo ningún concepto las condiciones de trabajo podrán ser peores que las establecidas en el Convenio Colectivo aplicable y en el Estatuto de los Trabajadores, u otra norma laboral específica en caso de tratarse de una relación laboral especial (por ejemplo, artistas), es decir, a partir del mínimo legal será válido que el contrato de trabajo estipule condiciones laborales más beneficiosas, pero en ningún caso menos.

Por ejemplo, el Salario Mínimo Interprofesional ha quedado legalmente establecido para 2019 en 12.600,00 € al año, distribuidos en 14 pagas mensuales de 900,00 €, de modo que mediante Convenio Colectivo podrán estipularse tablas salariales superiores a éste, pero nunca inferiores. Dicho de otra manera, cualquier empresa que aplique a sus trabajadores condiciones inferiores a las establecidas por Ley o Convenio Colectivo, estaría incurriendo en un incumplimiento de la legislación laboral. Precisamente, con el objetivo de eludir las obligaciones propias de la legislación laboral, es cada vez más frecuente que las empresas externalicen las relaciones laborales y utilicen contratos mercantiles de prestación de servicios u otras figuras afines.

Confío en que se entenderá mejor con un ejemplo: una empresa de telemarketing realiza un contrato mercantil de prestación de servicios, coloquialmente llamado contrato de autónomo, a una trabajadora comercial que presta servicios exclusivamente para dicha empresa, bajo la infraestructura productiva y bajo los criterios organizativos de la misma, pero percibe una remuneración inferior a la estipulada en el Convenio Colectivo aplicable o incluso al Salario Mínimo, y además no está de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, sino en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, corriendo exclusivamente de su cuenta las cotizaciones.

Pues bien, acabamos de comentar un ejemplo claro de práctica prohibida. En la medida que la trabajadora presta servicios exclusivamente para una empresa, carece de medios de producción propios, se integra en la infraestructura productiva de la empresa y bajo sus criterios organizativos, existirá relación laboral y la empresa estará sujeta a las correspondientes obligaciones que ello conlleva, aunque la letra del contrato formalizado entre las partes refleje en falsa apariencia una relación de carácter mercantil.

La utilización fraudulenta de la contratación mercantil para eludir las obligaciones propias de la legislación laboral es denunciable por las siguientes vías:

  • Mediante la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podremos instar a esta autoridad a que imponga una sanción económica a la empresa infractora, y a que le requiera el pago de las cuotas equivalentes al tiempo en que el trabajador debería haber estado cotizando por el Régimen General de Seguridad Social (con el límite de los últimos 4 años).
  • Mediante la oportuna demanda ante la jurisdicción social puede solicitarse el reconocimiento de la relación laboral y de la situación de falso autónomo, reclamando en consecuencia los salarios y haberes adeudados, así como, en caso de haberse producido un despido, la correspondiente indemnización por despido improcedente.

Si tu empresa no te da de alta en la Seguridad Social, te da de alta menos horas de las que trabajas, te paga menos de lo que estipula el Convenio de tu sector o no respeta tu derecho a descansos y vacaciones, estamos a tu entera disposición para asesorarte y defender tus intereses.

Soy autónomo y quiero dejar la actividad: ¿tengo derecho a paro?

Muchos profesionales autónomos se preguntan si cuando dejen de desarrollar su actividad profesional o empresarial tendrán derecho a percibir la prestación por cese de actividad. La realidad es que gran parte de las solicitudes son desestimadas por la Administración, aduciendo el incumplimiento de los requisitos, los cuales resultan en conjunto de muy difícil observancia para el trabajador. En las siguientes líneas analizamos los requisitos para solicitar la prestación por cese de actividad.

impuestos

De conformidad con la Ley General de Seguridad Social y el Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre, los trabajadores autónomos tendrán derecho a la prestación cuando cumplan los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados al RETA y en alta.
  • Solicitar la baja en el RETA por cese de actividad.
  • Tener un período mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores al cese.
  • Que el cese de actividad se deba a razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, causa de fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o separación matrimonial.
  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización necesario para causar la pensión.
  • Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
  • Acreditar la disponibilidad para reincorporarse al mercado laboral.

El Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre ha introducido para el año 2019 varias novedades en la Ley General de Seguridad Social que afectan a la prestación por cese de actividad. En primer lugar, se establece el carácter obligatorio de la protección por cese de actividad y, por otro lado, se amplía el período de percepción de la prestación de 12 a 24 meses.

Por tanto, la duración de la prestación estará comprendida entre 4 y 24 meses, dependiendo de si la edad del solicitante es inferior o superior a 60 años y de los períodos de cotización efectuados entre los 12 y 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Por su parte, la cuantía de la prestación asciende al 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de las bases de cotización durante los 12 meses anteriores a la situación de cese. No obstante, por imperativo legal la cuantía mínima de la prestación será del 107% del IPREM cuando el trabajador tenga hijos a su cargo y del 80% cuando no los tenga, mientras que la cuantía máxima será del 175% del IPREM cuando el trabajador no tenga hijos a su cargo y del 200% o 225%, respectivamente, cuando tenga 1 o más hijos a su cargo.

La acreditación de los requisitos exigidos puede resultar bastante compleja, en especial cuando el cese de la actividad se debe a razones económicas, ya que dependiendo del volumen de la disminución de ingresos y los períodos en que ésta se venga produciendo, la solicitud de la prestación presentará mayor o menor viabilidad.

Espero que este artículo te haya resultado de interés y quedo a tu entera disposición para asesorarte y acompañarte en los trámites necesarios.

¿Qué pasa con la pensión de jubilación cuando has trabajado en el extranjero?

El enorme desarrollo del comercio durante las últimas décadas ha llevado a multitud de empresas a ampliar sus relaciones económicas con otros países e incluso a establecer nuevas infraestructuras y centros de trabajo en ellos, lo que unido a la creciente desempleo y precarización de las condiciones laborales en España conlleva que el exilio de trabajadores españoles al extranjero por motivos económicos sea un fenómeno cada vez más extendido. Uno de los mayores problemas que genera este fenómeno es el relativo a la pensión de jubilación de aquellas personas que han trabajado en distintos Estados de la Unión Europea a lo largo de su vida, y en él nos vamos a centrar en este artículo.

En primer lugar, la respuesta jurídica a esta problemática va a depender de si hemos trabajado en varios países de la Unión Europea o bien lo hemos hecho en países no comunitarios, como EE.UU, Marruecos, China o cualquier otro. En el primer caso, resulta de aplicación en la Unión Europea el Reglamento (CE) Nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, mientras que en el segundo supuesto dependerá de los tratados internacionales que España tenga suscritos al respecto con el concreto Estado de que se trate.

Mención aparte merece el caso particular de Reino Unido con ocasión del Brexit. La salida del Reino Unido de la UE está prevista en principio para el 30 de marzo de 2.019, y desde esa fecha se iniciará un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2.020. Pese a todo, una vez que concluya dicho período transitorio, en lo que respecta a la cobertura de Seguridad Social de trabajadores españoles en Reino Unido el objetivo del acuerdo de retirada consiste en garantizar que todo siga como en la actualidad. En concreto, cuando el trabajador se jubile, tendrá derecho a una pensión británica conforme a las condiciones que se recogen en la legislación nacional de Reino Unido.

Hecha esta matización respecto al caso particular de Reino Unido, podemos profundizar en las previsiones de la normativa comunitaria. Si has trabajado en varios países de la UE, en principio habrás cotizado y generado derecho a pensión en cada uno de ellos, y en ese sentido en cada país la edad legal de jubilación puede ser diferente, lo cual implica que para empezar a percibir la parte correspondiente de la pensión generada en un determinado país es preciso haber cumplido la edad legal de jubilación en el mismo.

Por ejemplo, si has trabajado durante 10 años en Francia y en este país la edad mínima de jubilación se encuentra con carácter general en los 62 años, mientras que has trabajado el resto de tu vida laboral en España, donde la edad de jubilación llegará a los 67 años en 2.027, probablemente ocurrirá que cuando solicites tu pensión francesa a los 62 años sólo empieces a percibir la parte francesa de la pensión, pero no la parte española en tanto no cumplas la edad mínima de jubilación en España.

Para solicitar la pensión de jubilación es posible dirigirse a la Administración competente del país de residencia o bien del último país donde hayas trabajado, para que ésta se encargue de tramitar la solicitud y contactar con la Administración de los demás países donde hayas trabajado, al objeto de confeccionar el historial completo de cotizaciones.

Una de las principales dudas que se plantean para alguien que ha trabajado a lo largo de su vida en otros países de la UE, como Francia, Alemania o Reino Unido, es si a la hora de calcular su pensión española se sumarán todas las cotizaciones realizadas en los demás países. Generalmente no ocurrirá de este modo, sino que se percibirá una pensión en cada uno de los países donde se haya cotizado como mínimo 1 año. En caso de haber cotizado menos de 1 año en un concreto país, es posible que no se genere derecho a pensión en el mismo, en la medida que el Reglamento comunitario no lo garantiza, pero también es posible que la legislación nacional de ese concreto país sí otorgue este derecho.

Precisamente el hecho de que se genere el derecho a percibir pensión en cada uno de los países donde se haya trabajado, puede plantear la preocupación referente a si se perderá el tiempo cotizado cuando el tiempo trabajado en un determinado país sea demasiado breve para tener derecho a pensión, es decir, cuando no se cumpla el período de carencia. La respuesta es que no, pues a estos efectos sí se contabilizarán los períodos trabajados en otros países comunitarios, es decir, se totalizarán de modo que el resto de países tengan en consideración el historial de cotización en todos ellos.

¿Entonces cómo se calcula la pensión cuando se ha trabajado en varios países comunitarios? la Administración del país cuya pensión se solicita deberá calcular la pensión sumando, en primer lugar, los períodos completados en todos los países de la UE como si todas las cotizaciones se hubieran realizado a su país, para posteriormente prorratear la prestación ajustando el importe resultante al tiempo efectivamente cotizado en su país. Por otro lado, realizará un segundo cálculo cuando el solicitante cumpla los requisitos para tener derecho a la pensión sin necesidad de totalizar los períodos cotizados en todos los países comunitarios, y comparará la prestación resultante del primer cálculo con la resultante del segundo con objeto de aplicar la que sea mayor de las dos.

Recuerda que tienes derecho a ser atendido en la Administración de Seguridad Social al objeto de resolver cualquier duda, no obstante, en cualquier caso quedamos a tu disposición para asesorarte y acompañarte en todos los trámites necesarios.