Sentencia del Tribunal Supremo nº 662/2019 de 12 de diciembre: la cancelación de un préstamo hipotecario no impide reclamar contra las cláusulas abusivas. ¿Significa esto que no hay plazo?

Cerramos el año comentando esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, referente a una demanda en la cual se pedía la declaración de nulidad de una clausula suelo y la devolución de las cantidades cobradas durante su aplicación. Lo particular de este caso es que la demanda fue desestimada tanto en primera instancia como en la apelación resuelta por la Audiencia Provincial de Badajoz, por el siguiente motivo: al momento de interponer la demanda, el contrato de préstamo estaba extinguido y con ello tanto la cláusula suelo había agotado totalmente sus efectos. Ahora el Tribunal Supremo ha revocado esta sentencia, su decisión es la siguiente: la consumación o la extinción del contrato no impiden el ejercicio de la acción de nulidad de una cláusula abusiva.

No sorprende que el máximo órgano judicial del Estado español se pronuncie en ese sentido, lo contrario habría sido escandaloso, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los principios de efectividad y no vinculación, los cuales exigen que una vez anulada una cláusula abusiva sean reparados los perjuicios causados a los consumidores. Lo que sí nos debería alarmar a todos es que el Supremo aplique el artículo 1301 del Código Civil, que regula la acción de nulidad de los contratos por error, dolo o falsedad de la causa, con un plazo para su ejercicio de 4 años contados desde la consumación del contrato. Y nos debería alarmar por varios motivos.

En primer lugar, porque aquí no estamos hablando de la anulación de los contratos en su totalidad por error, dolo o falsedad de la causa, sino de la nulidad de cláusulas no negociadas individualmente, condiciones generales de la contratación, impuestas a los consumidores dentro de la práctica conocida como contratación en masa, sobre la base de su carácter abusivo. Para que todo el mundo pueda entenderlo, se trata de una regulación especial, diseñada por los poderes públicos con la teórica finalidad de proteger a los consumidores de los abusos cometidos por los empresarios, teniendo en cuenta que en estos casos no existe negociación de las cláusulas de los contratos en pie de igualdad entre ambas partes, sino que una de las partes, el empresario (ya sea un banco, una compañía eléctrica o telefónica) nos pone por delante un contrato enorme con todas las condiciones redactadas de antemano, y a nosotros sólo nos queda la opción de aceptar o bien rechazar y probar suerte con otra empresa que ofrezca condiciones diferentes. Esta situación de desigualdad, caldo de cultivo para los abusos, es lo que justifica la existencia de un régimen legal de protección para los consumidores y usuarios, dicho régimen legal es muy diferente de lo que establece una norma del siglo XIX como el el artículo 1301 del Código Civil.

En segundo lugar, si acudimos al régimen legal de protección de los consumidores y usuarios, veremos que las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho. El artículo 1301 del Código Civil habla de anulabilidad por causas muy tasadas, que tienen que ver con los vicios del consentimiento, que invalidarían un contrato en su totalidad, mientras que la Ley de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007 de 16 de noviembre) habla de nulidad de pleno derecho de cláusulas abusivas que, en principio, invalidaría únicamente las cláusulas afectadas, y no el contrato en su totalidad. Otra diferencia fundamental es que la acción de nulidad o anulabilidad del artículo 1301 del Código Civil está sometida a un plazo de 4 años, mientras que la acción de nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas es imprescriptible, es decir, no está sometida a plazo alguno.

Lo cierto es que en este caso el Supremo elude pronunciarse sobre la existencia de plazo para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas. Algunos podrían pensar que esta omisión se debe a que el banco demandado no alegó la prescripción de la acción, sino la extinción del contrato como impedimento para pronunciarse sobre el fondo del asunto; otros, más inocentes, podrían pensar que se debe a un olvido o descuido, pero tratándose del Supremo, yo estoy muy seguro de que no se debe a la casualidad, sino a la voluntad deliberada de no aclarar la cuestión en este momento. No sería la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre cosas que nadie le ha pedido, analiza hechos no controvertidos o trae a colación argumentos que ninguna de las partes ha esgrimido, sin importarle incurrir en incongruencia, o porque le importa más sentar jurisprudencia sobre algún asunto especialmente conflictivo. Si esta vez se ha ceñido escrupulosamente a las pretensiones de las partes, no creo, en mi humilde opinión, que sea por respeto al principio de justicia rogada.

Sea como fuere, el Tribunal Supremo saca de paseo el artículo 1301 del Código Civil, cuando bien podría haberse remitido a su dilatada jurisprudencia sobre la nulidad de pleno derecho y el carácter imprescriptible de la acción que la ejercita. Nos da a entender que el recurso de casación se estima porque la consumación del contrato no impide ejercitar la acción de nulidad y porque la acción de nulidad se ha ejercitado dentro del plazo de 4 años desde la consumación del contrato, según establece el artículo 1301 del Código Civil. Llegados a este punto, sólo puedo decir que ojalá el Tribunal Supremo, en próximas sentencias, aclare la cuestión diciendo que la acción de nulidad de pleno derecho no prescribe, y menos cuando se ejercita en defensa de los consumidores y usuarios, cuyos intereses están especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Es deseo por mi parte pero también convencimiento de que es la solución jurídicamente más acertada, sin embargo, me van a permitir que dude la máxima autoridad judicial del Reino de España en lo que a protección de los consumidores se refiere.

Como resultado de esta novedosa sentencia se acerca un nuevo Black Friday en el sector legal, con multitud de bufetes asegurando que todos los clientes que alguna vez en su vida fueron perjudicados por una cláusula abusiva, ya sea la cláusula suelo, IRPH o cualquier otra, pueden reclamar y recuperar su dinero, con independencia de que el contrato esté actualmente cancelado y del momento en que se produjera dicha cancelación. Yo seguiré defendiendo, como hasta ahora, que la acción para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas no prescribe, lo que implica tanto la eliminación de la cláusula como la devolución de las cantidades cobradas bajo su aplicación, y que por tanto es viable, ni mucho menos una temeridad, demandar al banco aunque el préstamo hipotecario esté amortizado desde hace más de 4 años. Sin embargo, en aras de la reflexión sosegada y la prudencia, no con la intención de aguar la fiesta a nadie, sino de que todos puedan decidir contando con la máxima información posible, finalizaré con las siguientes conclusiones:

  • La cuestión sobre el plazo para demandar al banco cuando la hipotecada está cancelada, sigue sin estar clara a los ojos de los intérpretes del Derecho, los Juzgados y Tribunales. Sí ha quedado claro que la cancelación o consumación del contrato no es impedimento para pedir la nulidad de las cláusulas, pero en ningún momento ha dicho el Tribunal Supremo que exista o no exista plazo para hacerlo.
  • Estamos cargados de argumentos, tanto en el Derecho comunitario como en el Derecho español, para defender que la acción de nulidad de una cláusula abusiva no prescribe, pero los repertorios de jurisprudencia están llenos de sentencias injustas que, no obstante, siendo firmes no son susceptibles ya de recurso.
  • Siendo así, la gente tiene derecho a saber, antes de iniciar cualquier acción, que el Derecho está de nuestro lado pero la jurisprudencia aún no, al menos no la del Tribunal Supremo y buena parte de las audiencias provinciales.
  • Por tanto, si la hipoteca se canceló hace más de 4 años y se decide demandar al banco, fuera del plazo establecido en el artículo 1301 del Código Civil, existe a día de hoy un riesgo importante de que la demanda sea desestimada. Esto no significa que el caso no sea viable o no se recomiende demandar, sino que existen riesgos importantes y todo cliente debe ser consciente de ellos a la hora de tomar una decisión.

Cualquier duda o reflexión que te apetezca, siéntete libre de comentar. Y si te ha gustado mi artículo, puedes compartir en redes sociales. ¡Felices fiestas!

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